La familia que es base de la sociedad
Cuando las personas que llevan la responsabilidad en los órganos de representación (en los gobiernos) dejaron de entender que la función pública tiene entre sus finalidades garantizar el orden -lo que es bueno para las personas-, y adoptaron el sentido laxo del principio por persona que impera en cortes internacionales por encima de todo, se comenzó a justificar el placer y el utilitarismo para negar lo verdadero.
Respecto a esa noción jurídica, Miguel Carbonell en su libro titulado justo así Derecho Pro Persona, cita al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo E. Piza Escalante, para aproximarnos al tema: “[Un] criterio fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. [De esta forma, el principio pro persona] […] conduce a la conclusión de que [la] exigibilidad inmediata e incondicional [de los derechos humanos] es la regla y su condicionamiento la excepción”.
Hoy la sociedad chihuahuense está inmersa en la polémica sobre la reforma al Código Civil que modificaría el concepto de matrimonio vigente: la unión de un hombre con una mujer con fines de procrear, para establecer que sea sólo la unión de dos personas.
Esta simple redacción tendría como consecuencia jurídica el permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio y tengan los mismos derechos que los integrados por hombre y mujer, entre ellos el de adoptar hijos.
El fundamento para esto por parte de los organismos internacionales (y adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) es que se discrimina a las personas con preferencia distintas al orden natural de las cosas, y que en aras de ampliar este derecho se deben reformar los ordenamientos en todo México.
En términos más simples, se sigue el principio pro persona que habla de expandir los derechos humanos, que en este caso se trata de los derechos de las personas con preferencias distintas al orden natural del ser humano, orden natural que se entiende de acuerdo a la finalidad de sus órganos con apego a la recta razón.
Pero el Estado debe velar por los derechos de todos, entre ellos los derechos de los niños a una familia que les de viabilidad de un desarrollo armónico, sustentado por prolijos estudios particularmente del periodo de posguerra, que nos hablan de la necesidad de las figuras materna y paterna, por ejemplo.
Claro que hay familias compuestas por una madre y los hijos, o por sólo un padre y los hijos, pero esta es una excepción que no impide a los hijos tener la otra figura reflejada en un pariente, por ejemplo; pero sobretodo no existe la tendencia hacia el menor o los menores a que su desarrollo psíquico en el tema de la sexualidad se vea influido por el ejemplo cotidiano.
Al respecto, sobre este debate, algunas personas caen con facilidad en la falacia de que hoy por hoy la familia en su modelo tradicional está mal porque el engaño, la infidelidad y otros malos ejemplos son pan de todos los días. Falso!, también son excepciones, graves, muy graves y que influyen negativamente en el desarrollo de los menores y que en gran parte explican por qué tenemos tantos y tan graves problemas en nuestras sociedades. Y en ese mismo orden de ideas, ¿sería agrandando el problema de origen como vamos a resolver nuestras crisis?
En síntesis, hay derechos en pugna (también está el derecho a que se mantenga el concepto tradicional de familia fundamentado en el orden natural y cuya finalidad es indiscutible ya que se trata de la perpetuación de la especie) y cuando hay derechos que se confrontan el Estado debe actuar buscando privilegiar aquellos que garanticen ser los mejores para el desarrollo de los seres humanos en lo individual y lo colectivo.
La familia no es cuestión sólo de conceptos legales, más allá de eso se trata de la célula básica de las sociedades, definida así porque una a una forman un organismo.
Por el mismo orden natural, el estado es el llamado a cuidar que el organismo llamado sociedad tenga bien definidas sus instituciones, para que se mantenga vivo y viable en su desarrollo.
Confundir a las instituciones con modas o desviaciones del orden natural de las cosas provoca que los organismos se contaminen y tengan problemas. Por eso no podemos llamar matrimonio a cualquier unión de personas.
Orden implica poner cada cosa en su lugar, igual a lo igual (matrimonio) y desigual con lo desigual (sociedad de convivencia). Con respeto a la dignidad de las personas. Buscando siempre el bien de las sociedades.
Rechazar el orden natural de las cosas argumentando que es anticuado, propio de religiones que buscan mantener con falacias el control de sus feligreses con base en el temor y el castigo eterno, o que estamos evolucionando en materia de derechos humanos resulta en argumentos falaces, aparentes verdades que en realidad no lo son.
El orden natural está fundamentado en el paraqué es cada cosa, cuál es su finalidad. Este orden se sigue en lo natural y en lo creado por el hombre, como es el caso de las ficciones del derecho mediante las que se debe buscar proteger precisamente lo que es bueno para el ser humano en lo individual y lo grupal.
Una Corte y las legislaturas actúan en algunos casos movidos por causas muy diferentes al respeto irrestricto de la tradición jurídica, al espíritu de las leyes creadas en apego a la recta razón: si interpretaran y actuaran acorde a valores y principios, se perpetuaría el concepto de matrimonio que por siglos se mantuvo en los ordenamientos que rigieron la vida de este país.
Las Cortes y las legislaturas hoy actúan motivadas por presiones internacionales; estas presiones se condicionan con recursos económicos, con cientos o miles de millones de dólares. Este es el caso de 2015 para México con el nuevo modelo de matrimonio, como lo fue en el 2001 con el tema de la transparencia gubernamental, por ejemplo.
Como habitantes de este país tenemos derechos, debemos velar por ellos, pero el acceso a algunos de ellos no es universal, es necesario reunir ciertas condiciones o requisitos para poder disfrutarlos. En muchos de los casos porque el Estado busca proteger otros derechos.
El derecho que las futuras generaciones tienen a un viable desarrollo integral, aportándoles los mejores elementos para su desarrollo psíquico, emocional, también es pro persona, pero no en lo inmediato sino a largo plazo, y sin duda también es un bien jurídico que no se puede soslayar.
Quienes piensan que no hay consecuencias por permitir que una figura jurídica pretenda igualar lo desigual, se equivocan, claro que hay consecuencias, sólo es cuestión de voltear a sociedades que desde hace años viven modelos como el que se pretende legislar en Chihuahua y una gran cantidad de Estados de la República, para darnos cuenta de los problemas que se generaron e incrementaron en diferentes rubros.
* Rodrigo Ramírez Tarango, es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, periodista con más de 25 años de ejercicio, editorialista en diferentes medios escritos, como El Heraldo de Chihuahua, digitales, y en la radio. Es licenciado en Derecho y Periodismo, con posgrado en Periodismo y doctorante en comunicación política.
